Desde el 1 de enero de 2025, las plataformas digitales que operan en Costa Rica —como Airbnb— están obligadas a recolectar información de sus oferentes: nombres, montos recibidos, cuentas bancarias y demás datos relacionados con las transacciones.

Esta fase de transición será clave, pues el 2026 será el año decisivo. A más tardar el 30 de abril, el Ministerio de Hacienda recibirá de manera oficial toda esa información, en línea con las reglas de la OCDE sobre tributación digital. Costa Rica será el primer país de América Latina en implementar plenamente esta normativa.

El ministro de Turismo, William Rodríguez, instó a los anfitriones de hospedaje no tradicional a formalizarse cuanto antes, advirtiendo que quienes permanezcan en la informalidad enfrentarán un panorama tributario más estricto y transparente.

La medida busca nivelar la competencia en la industria turística. Actualmente, solo Airbnb ofrece unas 43.000 habitaciones por noche en Costa Rica, un número que ya impacta en la ocupación hotelera formal, la cual en 2024 cerró en 64,8% pese a la visitación récord.

Con el proceso en marcha, el 2025 se convierte en un año de ajuste y preparación, mientras que el 2026 marcará un punto de inflexión para ordenar y equilibrar el mercado turístico del país.

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